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El gas boliviano... bajo o sobre el suelo
La nueva Ley de Hidrocarburos y la inseguridad de las inversiones extranjeras en este rubro amenazan el desarrollo del sector energético nacional.

Boris Bueno Camacho

El gas se ha convertido en una caja de Pandora para el destino del país porque ha generado un conflicto de intereses de proporciones inconmensurables: en torno a él se han desarrollado una serie de posiciones diametralmente opuestas, que en la actualidad hacen inviable su uso como instrumento para el desarrollo económico y social de Bolivia.
Existen, por un lado, posiciones encontradas entre los actores políticos, porque mientras algunos apuestan por la necesidad de mantener las reglas de juego establecidas en la anterior Ley de Hidrocarburos para la exploración, explotación y si el caso se diere, la industrialización de nuestros recursos, otros ven en esa norma un instrumento de su enajenación en favor de las transnacionales y de los países que representan.
Pero también se ha creado una profunda división entre las regiones productoras y las no productoras por el beneficio económico que conlleva un eventual negocio en el que se podría agudizar la diferencia en el desarrollo de ambas. La visión se polariza aún más cuando Santa Cruz y Tarija, los dos departamentos con la mayor cantidad de reservas probadas de gas, se unen con Pando y Beni y conforman la autonombrada MEDIALUNA, para hacer prevalecer su derecho a decidir sobre el LNG y su futuro.
En occidente no cayó bien la iniciativa, porque para los otros departamentos ese recurso natural, y los hidrocarburos en general, pertenecían a todos los bolivianos y era la sociedad en su conjunto la que debía definir sobre su uso. El entonces presidente Carlos Mesa plantea un Referéndum de cinco preguntas para definir una nueva Ley de Hidrocarburos que represente el sentir nacional.
El resultado del Sí fue contundente en las tres primeras preguntas y relativo en las dos siguientes. En la pregunta uno, el 86,6 por ciento de los votantes apoyó el SÍ y el 13,3 por ciento, el NO. En la pregunta dos, el 92,1 por ciento SÍ, y el 7,8 por ciento, NO; en la tercera, el 87,3 por ciento a por el SÍ y el 12,6 que NO; en la cuarta el SÍ obtuvo el 54,7 por ciento y el NO, 45,2 por ciento. El SÍ, en la última pregunta, tuvo del 61,7 de los votantes y el NO alcanzó al 38,2 por ciento.
Lo que en primera instancia se calificó como un triunfo de Mesa con el tiempo se vio que (debido a la ambigüedad de las preguntas de la consulta popular) este mecanismo acrecentó el malestar en los diferentes estamentos de la sociedad boliviana. Un Congreso que no estaba dispuesto a aceptar a rajatabla el proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo echó más leña al fuego, que ya para entonces caldeaba el enrarecido ambiente.
El tira y afloja entre los dos principales poderes del Estado duró varios meses. El 7 de mayo de 2005 es sancionada la nueva norma que es inmediatamente observada por el presidente Mesa, porque aseguraba que no respondía al espíritu del referéndum y ponía en peligro el futuro de las inversiones en el país.
La nueva Ley de Hidrocarburos fue promulgada por el presidente del Congreso ante la negativa de Carlos Mesa, quien en un mensaje a la nación aseguraba que el poder Ejecutivo no iba a rehuir su responsabilidad en aplicar la norma aun cuando –recalcaba- no estar de acuerdo con ella.
Pero, si en principio uno de los temas en conflicto fue el porcentaje de regalías que debían dejar las empresas que participaban en la cadena de explotación, incluso Evo Morales hablaba de una participación del cincuenta por ciento, la figura cambió por la exigencia de los sectores sociales en nacionalizar los hidrocarburos.
El país estaba atrapado en un callejón sin salida gracias a la falta de consensos entre los líderes políticos, lo que provocó que Carlos Mesa se convirtiera en la segunda víctima de la guerra del gas, que iba a cobrar otras dos, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, quienes tuvieron que resignar a sus aspiraciones presidenciales dejando al mando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez. Fin de un capítulo oscuro, pero sin ningún resultado.

Bolivia es apartada del negocio del gas
Una de las premisas que manejan varios estudiosos es que el gas será el recurso energético del siglo XXI, así como el petróleo lo fue en el siglo pasado y el carbón en el XIX. La muestra clara es que “el boom de gas” nace en el país a partir de la demanda de Estados Unidos y México de contar con esta fuente de energía barata y poco contaminante.
Pero si bien el gas boliviano aparecía como una opción viable, no era la única: no olvidemos que California cierra un trato con Indonesia y México se inclina por la opción peruana (aunque de acuerdo a los últimos acontecimientos entra en escena Venezuela, que por la distancia con los países norteamericanos y por la cantidad de reservas de gas se convierte en el competidor más peligroso para las pretensiones nacionales).
Esto en razón a que en el país se generó un acérrimo debate sobre el destino del energético, que se agudizaría con el transcurrir del tiempo dejando en cero las expectativas sobre la exportación de LNG a esos mercados. Primero fue el puerto, luego los contratos y por último la demanda de nacionalización de los hidrocarburos.
Los problemas no fueron solamente internos. Hubo también un erróneo enfoque en las negociaciones con los países que debían participar en el negocio del gas, es decir, los vecinos que contaban con puertos. Renació el nacionalismo exacerbado en el momento que se planteó la tesis de la salida del energético por Chile con una posición bastante ambigua y poco inteligente: gas por mar. 
Obviamente los resultados fueron nulos, porque Chile se negó a tocar ese tema y pese a las facilidades que ofreció para consolidar el negocio, así como la viabilidad técnico-económica, se volvió a fojas cero. 
Perú tenía entonces la necesidad de convencer a Bolivia de exportar por sus puertos, porque acrecentaba la factibilidad de culminar su propio proyecto gasífero a un menor costo. Entonces, Camisea no representaba un negocio rentable porque significaba una gran inversión para un volumen pobre de reservas de LNG (13 trillones de pies cúbicos); ante el país que tenía una cantidad mayor (28 tpc) y podía ofrecer precios más competitivos. 
La estrategia peruana fue bastante inteligente: ofertó un puerto en sus costas incluso recurriendo a posiciones sensibleras, para que el grueso de la población se incline por esa opción. De todas maneras, el país vecino ganaba con la concreción de un posible trato; o pasando lo contrario, porque le permitía postergar el proyecto boliviano y acelerar el suyo con un mercado más seguro
Dicho y hecho, en los pasados días se consolidó en una reunión de los países del MERCOSUR, el llamado anillo energético en el que prácticamente se desecha el gas boliviano y se opta por el proyecto de Camisea; pero no sólo eso, si bien el canciller peruano argumenta que es imprescindible el concurso del país, entra en escena el presidente Hugo Chávez, “férreo defensor” de los intereses bolivianos, para poner en el tapete la opción del gas venezolano.
Venezuela y Perú aparecen entonces como las dos opciones viables para abastecer de gas no sólo al cono sur, sino también a los mercados del norte del continente y a otros puntos del planeta. Si bien los peritos en el tema mencionan que Bolivia, gracias a las facilidades para la explotación del energético y su ubicación geopolítica, tiene las condiciones más favorables para copar el mercado regional; es también cierto que los recientes sucesos sociales, que se generaron justamente por la imposibilidad de una visión nacional sobre el futuro del energético, muestran al país como inviable frente a la comunidad internacional.
El negocio, a criterio de las autoridades actuales y de algunos estudiosos optimistas, no se ha perdido porque el país es necesario en la cadena productiva de la región por las observaciones apuntadas, pero no se avizora una solución en el corto, ni mediano plazo, aspecto que gravitará fundamentalmente en el momento en que los países de la región comiencen con la ejecución del proyecto energético.
Las indecisiones de los gobierno de turno, las presiones irracionales de algunos sectores sociales, las excesivas demandas de regiones que se creen propietarias de los recursos en desmedro de la unidad de un país y el contubernio político, están ocasionando que de ahora en adelante debamos dormir sobre una gran riqueza, pero más pobres que nunca.
Las condiciones de los contratos de riesgo compartido nunca fueron las mejores y deben ser corregidas por el bien del país; pero se debe asumir que tampoco es viable en la actualidad migrar los mismos a la nueva Ley de Hidrocarburos por los riesgos que implica jurídica y económicamente. 
Es necesario concertar con los actores para lograr un punto de equilibrio en el que no se afecte aún más la estabilidad del país, el tiempo de transición política tiene que servir para la etapa de concertación entre todos los estamentos de la sociedad para lograr una política clara y coherente no sólo sobre el tema de hidrocarburos, sino sobre la visión nacional.

Las preguntas del Referéndum
1.- ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?
2.- ¿Está de acuerdo con la recuperación de propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?
3.- ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?
4.- ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?
5.- ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que cubra el consumo de gas de las bolivianas y los bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país, destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos?
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Última actualización: 26 de April de 2005 06:51 PM